Las personas físicas, sean o no empresarias, también tienen derecho a una segunda oportunidad para poder salir adelante de una situación de insolvencia.
Con independencia de la causa que haya provocado la insolvencia (una situación inesperada o prolongada de desempleo; un excesivo endeudamiento con bancos; la obligación de atender un aval que se había prestado a algún familiar y que no habían previsto; etc.), las personas físicas pueden solicitar el concurso de acreedores o intentar negociar con sus acreedores para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
Desde el momento en que se detecte cualquier mínima dificultad para atender sus obligaciones regulares (las cuotas de la hipoteca, los recibos de suministros, el alquiler, etc.), es necesario ponerse en contacto con un profesional para que valore la situación y pueda encontrar la solución más ventajosa, evitando que los acreedores inicien ejecuciones singulares frente a los bienes del deudor que compliquen todavía más su situación.
La primera solución consiste en iniciar negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o bien para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (en la que se pactan quitas o descuentos sobre los créditos y aplazamientos de pago).
Si el acuerdo no fuera posible, la persona física tiene la obligación legal de solicitar la declaración del concurso dentro de un breve plazo desde que ha tenido conocimiento de su insolvencia.
La solicitud de concurso de acreedores se puede plantear con el fin de alcanzar un convenio, o para liquidar el patrimonio del deudor de forma ordenada. Si el patrimonio no fuera suficiente para atender todas las deudas y se dieran los requisitos previstos en la Ley Concursal, se podría solicitar al Juzgado la denominada “exoneración del pasivo insatisfecho”, que implica la extinción de un importante porcentaje de las deudas, para dar así una segunda oportunidad a la persona física para que empiece de cero.