Reclamaciones de accionistas de Banco Popular

Recientemente, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite las querellas presentadas por varias asociaciones y entidades contra el Banco Popular y sus consejeros como consecuencia de la posible comisión de varios delitos relacionados con la ampliación de capital que acordó el Consejo de Administración de Banco Popular el día 25/05/2016 y que, finalmente, se documentó en escritura pública otorgada el día 21/06/2016.

En el Auto, de fecha 03/10/2017, en el que se acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por “ESTEL Ingeniería y Obras, S.A.”, el Juzgado de Instrucción ha acordado dividir la instrucción en dos piezas separadas:

-          La primera pieza tendrá por objeto examinar si la ampliación de capital, por importe de 2.505.551.441,25 euros, se basó en magnitudes y datos falsos o, al menos, maquillados (reflejados en los folletos informativos de la emisión) que, además, son  distintos de los que figuran en las cuentas trimestrales anteriores de la entidad.

Según se pone de manifiesto en alguna de las querellas presentadas, mientras Banco Popular anunciaba una ampliación de capital para mejorar los índices de rentabilidad y los niveles de solvencia, en realidad, las razones de la ampliación de capital obedecían a que el Banco estaba atravesando una situación económica y financiera crítica.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores previsto en el artículo 282.bis del Código Penal.

-          La segunda pieza se centraría en analizar si se ha producido una manipulación del mercado mediante la publicación de noticias supuestamente falsas con la finalidad de hacer caer el valor de cotización de las acciones de Banco Popular.

En particular, en una de las querellas presentadas se apunta a que el Presidente del Consejo de Administración de Banco Popular (Don Emilio Saracho Rodríguez de Torres) y Don Antonio del Valle (accionista con una participación del 4,28%) realizaron maniobras especulativas dirigidas a hacer caer el valor de las acciones en beneficio propio; y que el propio Don Emilio Sarcho Rodríguez de Torres era un “caballo de troya” que movió los hilos para beneficiar a Banco de Santander para que se hiciera con Banco Popular a un precio irrisorio.

En principio, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de manipulación del mercado tipificado en el artículo 248 del Código Penal.

Además de los hechos señalados, en una de las querellas se pone de manifiesto que Don Emilio Sarcho Rodríguez de Torres se aseguró prima de 4 millones de euros cuando fue nombrado Presidente del Consejo, entre otras remuneraciones, lo que podría constituir un delito de apropiación indebida.

Por otro lado, de acuerdo con las noticias publicadas por varios medios de comunicación, el informe en que se basó el FROB para amortizar las acciones con la finalidad de proteger a los depositantes del Banco —sin ningún tipo de compensación para los accionistas— no es lo suficientemente sólido.

Al admitir a trámite la querella, el Juzgado Central de Instrucción ha acordado la práctica de las diligencias probatorias pertinentes entre las que se encuentra (i) la emisión de un informe por dos funcionarios con categoría de Inspector en el que se analice si el folleto y documentación sobre la que se asentó la ampliación de capital ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación y (ii) un oficio al FROB solicitando la remisión del expediente administrativo completo de liquidación del Banco Popular, en el que debe encontrarse el informe que se utilizó para acordar la amortización de las acciones.

Actualmente, las alternativas de los accionistas de Banco Popular para recuperar su inversión varían en función de sus circunstancias concretas. Así, la alternativa más adecuada a día de hoy para los accionistas que hayan suscrito sus valores con motivo de la ampliación de capital acordada en el año 2016 consiste en esperar a conocer el informe de los Inspectores del Banco de España, que ha solicitado el Juzgado Central de Instrucción, acerca del folleto informativo de la ampliación de capital.

Respecto al resto de inversores, será conveniente analizar su situación concreta y valorar las posibles acciones a ejercitar.

Acompañamos el Auto, de fecha 03/10/2017, del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional y el Informe del Ministerio Fiscal, de fecha 20/09/2017.

En Guadalajara, a 30 de noviembre de 2017.

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